Bachelet expresó preocupación por cambios en el sistema electoral venezolano con miras al 6-D

GINEBRA. La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó este viernes 25 de septiembre una nueva actualización de su informe sobre los DDHH en Venezuela, al manifestar que desde marzo -durante la vigencia del estado de alarma en el país-.

«He seguido documentando casos de represión de protestas pacíficas (…) incluyendo las detenciones de manifestantes protestando por los bajos salarios y pensiones, la deficiencias de servicios públicos y escasez de gasolina. Registramos las muertes de dos personas en Anzoátegui y Zulia, presuntamente cometidas por seguridad», alertó y dijo que el Ministerio Público ha abierto investigación al respecto.

También expresó su preocupación por los operativos de los cuerpos de seguridad del Estado que llevan a cabo en diversas zonas y denunció que tras analizar varias fuentes, se determinó que más de 2.000 personas han sido asesinadas entre enero y agosto de 2020 en barrios marginados.

«Me preocupan los altos números de muertes de jóvenes en barrios marginados como resultado de operativos de seguridad. Basado en un análisis de fuentes abiertas, mi Oficina registró 711 muertes de junio a agosto, llegando a más de 2.000 muertes desde enero de 2020«, señala la actualización hecha por Bachelet.

Por otro lado, valoró positivamente las detenciones de cinco integrantes de las FAES en el estado Zulia, presuntamente responsables por la muerte de los dos periodistas afines al PSUV el 21 de agosto y dijo que las declaraciones del fiscal, Tarek William Saab, son similares a las registradas por la oficina que preside «en los que tras ejecutar a las víctimas ya neutralizadas, los cuerpos de seguridad las roban y manipulan la evidencia para presentar los hechos como un enfrentamiento».

Indicó Bachelet reconocer los esfuerzos de las autoridades venezolanas hacia los migrantes retornados a nuestra nación, pero recalcó estar preocupada por el «discurso estigmatizador» de algunas autoridades de responsabilizar a estas personas -llamadas «trocheros»- de introducir la covid-19 en el país.

A pesar de reconocer la implementación de protocolos de bioseguridad «relativos» en las cárceles y demás centros de detención, pero reiteró su llamado a que mejoren las condiciones de reclusión para que tengan acceso a servicios básicos como agua, acceso a alimentos y medicamentos, así como el acceso a la salud.

También sugirió que mejoren los contactos de los privados de libertad con sus abogados y familiares, al igual que considera pertinente que se estudie la posibilidad de otorgar medidas alternativas a la cárcel.

Alertó que el 33% de las muertes por covid-19 en Venezuela han sido del personal de salud porque no tienen equipos de bioseguridad y falta de agua en los centros de salud, así como señaló que la pandemia se sumó a otras emergencias que ya estaban desde antes de su llegada como por ejemplo la crisis alimentaria.

«Cáritas reportó que la tasa de desnutrición aguda infantil alcanzó el 15% en julio de 2020. También reportó que un mayor número de familias recurren a otras estrategias de sobrevivencia, incluso dejar de comer para que otro familiar pueda comer», dijo Michelle Bachelet.

Más de 2.000 personas murieron este año en los barrios pobres de Venezuela durante operaciones de seguridad llevadas a cabo por las autoridades, según cifras de la Organización de Naciones Unidas este viernes.

«Me preocupan los altos números de muertes de jóvenes en barrios marginados como resultado de operativos de seguridad» en Venezuela, dijo la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ante el Consejo de Derechos Humanos (CDH) en Ginebra.

«Mi oficina registró 711 muertes de junio a agosto, llegando a más de 2.000 muertes desde enero de 2020» añadió. De este total, que alcanza 2.039 personas, once eran mujeres y la edad media de los fallecidos era de 26 años.

La oficina de la Alta Comisionada, que tiene representantes sobre el terreno, informa regularmente al Consejo de Derechos Humanos sobre la situación en Venezuela.

La oficina siguió documentando casos de «represión de manifestaciones pacíficas» en el contexto del estado de alerta establecido desde marzo, incluidas las «detenciones de manifestantes que protestaban contra la escasez de combustible y los bajos salarios y pensiones».

«Además, observamos restricciones a la libertad de expresión» dijo Bachelet, citando ataques a defensores de los derechos humanos y periodistas detenidos.

La expresidenta chilena también expresó su preocupación por una serie de medidas adoptadas por Caracas, en particular los cambios en el sistema electoral y la composición de la Asamblea Nacional, así como las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia «que obstruyen la libertad de selección de los representantes de siete partidos políticos»

«Es crucial que en los próximos meses se proteja el espacio cívico y democrático y se continúe con las liberaciones de todas las personas que siguen privadas arbitrariamente de libertad por ejercer sus derechos» dijo, y pidió «seguir trabajando en la construcción de acuerdos para alcanzar condiciones para el desarrollo de procesos electorales creíbles, libres, inclusivos y equitativos».

Michelle Bachelet también acogió con satisfacción la mayor cooperación de Caracas con su oficina y la reciente adopción de medidas positivas por parte del gobierno, como el indulto concedido a 110 personas.

Subrayando que la pandemia de coronavirus se sumaba a otras emergencias preexistentes, como la emergencia alimentaria, reiteró su llamamiento para que se levanten las sanciones económicas internacionales.

«La imposición de sanciones adicionales a las exportaciones de diésel puede agravar aún más la ya crítica escasez de gasolina y obstaculizar la distribución de ayuda humanitaria y bienes esenciales», dijo la Alta Comisionada.

Venezuela es objeto de sanciones económicas por parte de Estados Unidos, pensadas para poner al presidente Nicolás Maduro bajo presión, incluyendo un embargo sobre el petróleo, el principal recurso del país

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