Venezuela niega falsas acusaciones de EEUU

 

El canciller de la República, Félix Plasencia, publicó en su cuenta twitter un comunicado en el que Venezuela anuncia su rechazo enérgico a las falsas acusaciones de la Secretaría de Estado de Estados Unidos, por incluir al país en su lista de principales naciones productoras o de tránsito de drogas.

Refiere el documento que la inclusión de Venezuela en ese listado “violenta principios fundamentales del Derecho Internacional Público, tales como el respeto mutuo soberano, la independencia política, la igualdad jurídica, la no intervención en los asuntos internos y un principio fundamental del relacionamiento jurídico y ético internacional: la buena fe”.

Manifiesta que resulta insólito, que Colombia, el primer productor global de cocaína, “sea su principal socio y mandadero en la geopolítica mundial”.

El texto señala como hecho cuestionable que Estados Unidos, “cuyo sistema bancario ejecuta una falsa política de control del lavado de activos provenientes de la producción y tráfico de drogas”, intente dar lecciones a la comunidad internacional.

Destaca que Venezuela cumple con las convenciones de fiscalización internacional de sustancias psicotrópicas y estupefacientes, y es reconocida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como país libre de cultivos ilícitos.

Finalmente, insta a los gobiernos a evitar la utilización del listado para permitir el intervencionismo en terceros países.

A continuación texto íntegro del comunicado:

La República Bolivariana de Venezuela rechaza enérgicamente la írrita e ilegítima práctica de los Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.) de pretender erigirse como policía supranacional de Estados soberanos e independientes, reflejada en el tal Memorando sobre los principales países productores de drogas ilícitas o de tránsito de drogas importantes para el año fiscal 2022, publicado el 15 de septiembre del corriente.

Este hecho violenta principios fundamentales del Derecho Internacional Público, tales como el respeto mutuo soberano, la independencia política, la igualdad jurídica, la no intervención en los asuntos internos y un principio fundamental del relacionamiento jurídico y ético internacional: la buena fe, mediante el cual el gobierno de los Estados Unidos persiste en su inadecuada intención de jugar al gendarme mundial antidrogas en tanto su balanza de pagos se sustenta en el centro de legitimación de capitales -provenientes de las drogas- más grande del planeta.

Resulta insólito, paradójicamente, que su principal socio y mandadero en la geopolítica mundial, el gobierno de la República de Colombia, sea el primer productor global de cocaína, siendo hoy un gran cultivo difuminado a lo largo de toda su geografía para perpetuarse como el principal productor mundial de cocaína.

Asimismo, es cuestionable que el país que se disputa la hegemonía financiera mundial, cuyo sistema bancario ejecuta una falsa política de control del lavado de activos provenientes de la producción y tráfico de drogas, intente dar lecciones a la comunidad internacional en desconocimiento de la soberanía y jurisdicción de los Estados.

Vale recordar que Venezuela cumple estrictamente con lo establecido en las convenciones de fiscalización internacional de sustancias psicotrópicas y estupefacientes. Nuestro país es reconocido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como país libre de cultivos ilícitos, gracias al trabajo permanente de los cuerpos de seguridad, las políticas preventivas y la disposición a la cooperación coordinada, multidisciplinaria y sin politización, sobre los principios de la soberanía y el multilateralismo.

En momentos en que Venezuela profundiza el diálogo político nacional, no faltan las agresiones que buscan distraer la marcha sostenida hacia la paz y la estabilidad democrática, mientras que países aliados de EE.UU., como Colombia, de comprobada participación en el crimen del narcotráfico, cínicamente continúan siendo amparados y maquillados en su accionar delictivo por la Casa Blanca.

La República Bolivariana de Venezuela condena la politización de este tema e insta a los gobiernos del mundo a dar un tratamiento ético y responsable al mismo, evitando, a toda costa, su instrumentalización para favorecer operaciones de control extraterritorial e intervencionismo en terceros Estados soberanos.